SpainDC a presentado sus alegaciones al proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos en España. La asociación solicita una revisión profunda del texto y sostiene que, si se aprueba bajo las condiciones actuales, entre el 80 % y el 90 % de la inversión que podría elegir España como destino estaría en riesgo. Esta cifra no implica que vaya a desaparecer esa proporción de los 66.900 millones de euros previstos hasta 2030; se trata de distintas estimaciones que conviene distinguir claramente.
Las claves de las alegaciones de SpainDC en 20 segundos
- SpainDC opina que el proyecto impone requisitos difíciles de cumplir y genera inseguridad para inversiones ya comprometidas.
- La asociación estima que entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión sería potencialmente vulnerable.
- El Gobierno exige, entre otras condiciones, un 80 % de suministro renovable con adicionalidad y correlación horaria.
- El periodo de audiencia pública finalizó el 10/09/2026.
El conflicto no radica en el objetivo general de mejorar la eficiencia de los centros de datos. Tanto el Gobierno como la industria defienden un crecimiento compatible con las energías renovables y un uso eficiente de energía y agua. La discrepancia reside en hasta dónde deben llegar las condiciones, cuándo deberán aplicarse y qué pasará con los proyectos que ya estaban en proceso bajo otro marco regulador.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, afirmó en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que el debate trasciende al propio sector. Según su postura, afecta a la inversión industrial y a la capacidad de España para albergar la infraestructura digital que demandarán los servicios en la nube y la inteligencia artificial.
Díaz además aseguró que tres asociados estarían dispuestos a detener sus inversiones en España si el Real Decreto se aprueba en sus términos actuales. Esta es una advertencia de la asociación y todavía no implica cancelaciones formales.
El 80 % de renovables hora a hora en el centro del conflicto
El Gobierno abrió el 27 de agosto la consulta pública del proyecto. Aunque inicialmente su plazo finalizaba el 4 de septiembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) amplió el periodo hasta el 10 de septiembre a las 17:00.
La propuesta afecta, en términos generales, a centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Para ciertas obligaciones de información y publicidad, se establece un umbral distinto, de 500 kW de potencia en tecnologías de la información (TI).
Una de las cuestiones más polémicas es el suministro eléctrico.
Mientras las energías renovables no superen el 90 % del mix eléctrico, el proyecto exige que los centros afectos acrediten que al menos el 80 % de su consumo proviene de nueva generación renovable.
No basta con contratar cualquier energía renovable disponible.
El proyecto incorpora dos condiciones particularmente estrictas: adicionalidad y correlación horaria.
La adicionalidad implica que el nuevo consumo debe estar ligado a nueva capacidad renovable. Según explica MITECO, cada megavatio consumido en nuevo será asociado a un megavatio renovable instalado en los 18 meses previos a la puesta en marcha, mediante autoconsumo o instrumentos a plazo como los PPA (Power Purchase Agreements).
La correlación horaria requiere que el cumplimiento se acredite hora a hora. En cada hora operativa, al menos el 80 % de la electricidad consumida debe proceder de energía renovable producida durante ese mismo periodo.
| Requisito del proyecto | Planteamiento |
|---|---|
| Ámbito general | Centros de datos desde 1 MW de potencia de acceso |
| Información y publicidad | Desde 500 kW de potencia TI |
| Cobertura renovable | Mínimo del 80 % mientras las renovables no superen el 90 % del mix |
| Adicionalidad | Nueva demanda asociada a nueva generación renovable |
| Correlación | Acreditación hora a hora |
| Eficiencia energética transitoria | PUE máximo de 1,15 |
| Eficiencia hídrica transitoria | WUE máximo de 0,1 |
| Proyectos en tramitación | Periodo de adaptación previsto en el proyecto |
El Gobierno justifica estas medidas por el incremento en las solicitudes de conexión.
Desde finales de 2023, según MITECO, el gestor de la red de transporte ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos. En las redes de distribución, se habrían otorgado unos 6 GW adicionales desde 2020.
Esto no significa que España cuente con 12 GW de centros de datos construidos o en operación; son capacidades de acceso concedidas, no potencia de TI instalada.
La Administración estima que atender toda la demanda solicitada requerirá importantes inversiones en la red eléctrica y competirá con otros procesos de electrificación industrial, residencial y del transporte.
66.900 millones no equivalen al 80 % de inversión en riesgo
Las cifras que se manejan en los últimos días necesitan una explicación, pues pueden inducir a interpretaciones erróneas.
El Informe Anual 2025 de SpainDC, elaborado por Pb7 Research y presentado en marzo, estimaba que España podría movilizar 66.900 millones de euros en inversión directa e indirecta entre 2026 y 2030 si el mercado mantenía su tendencia prevista.
El mismo informe contemplaba un escenario restrictivo donde esa inversión podría reducirse un 36 %.
Tras conocer el proyecto de Real Decreto, SpainDC considera que dicho escenario restrictivo podría ser optimista. La asociación ahora advierte que entre el 80 % y el 90 % de la nueva inversión que podría escoger España como destino estaría en riesgo.
Es importante distinguir estas cifras.
No basta con calcular simplemente el 80 % de 66.900 millones y concluir que España perderá 53.520 millones de euros.
Los 66.900 millones representan una estimación acumulada de inversión, tanto directa como indirecta, bajo un escenario de continuidad, mientras que el porcentaje del 80 %-90 % se refiere, según SpainDC, a la nueva inversión que aún puede decidir su ubicación.
La propia SpainDC ha cuantificado previamente en un 36 % la reducción en su escenario restrictivo.
Esta distinción ayuda a entender mejor la advertencia, sin convertir una previsión sectorial en una cifra de cancelaciones definitivas.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha reforzado el mensaje tras analizar el proyecto. Según explicó en rueda de prensa, la suma de restricciones y obligaciones podría funcionar, en su opinión, como una prohibición de facto para ciertos nuevos desarrollos.
Villacís también señala que algunos de los requisitos no podrían cumplirse simultáneamente con la tecnología y disponibilidad energética actuales.
No obstante, el sector mantiene abierta la vía de negociar cambios con el Ministerio.
La controversia también afecta a los proyectos en marcha
Un aspecto delicado es qué ocurrirá con aquellas inversiones ya iniciadas antes de conocerse el nuevo marco regulador.
El proyecto prevé un régimen transitorio para determinadas instalaciones en tramitación. MITECO explicó durante la presentación que los proyectos contarían con seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento, con un plazo adicional de tres meses en algunos casos relacionados con concursos de acceso a la red.
Para SpainDC, imponer nuevas condiciones a proyectos decididos bajo reglas anteriores genera inseguridad jurídica.
La asociación advierte incluso de posibles reclamaciones por parte de inversores internacionales. Este es un riesgo que señala SpainDC; no hay constancia de una cuantificación oficial de eventuales indemnizaciones ni de reclamaciones ya interpuestas por la aprobación definitiva de una norma en trámite.
Villacís también ha señalado que las condiciones propuestas podrían afectar a proyectos relacionados con inteligencia artificial y que incluso la candidatura española para una gigafábrica de IA tendría dificultades para cumplir todos los requisitos.
Este asunto tiene especial importancia, ya que el propio Gobierno considera a los centros de datos una infraestructura clave para su estrategia de inteligencia artificial y soberanía digital.
La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 busca aumentar la capacidad de computación en España, pero el proyecto regulador pretende que esa expansión no comprometa la red eléctrica, el gestión del agua ni los objetivos de descarbonización.
Aquí surge una de las contradicciones que deberá resolverse en el texto definitivo: España desea atraer mayor capacidad de computación, pero también establecer condiciones energéticas exigentes que determinen qué proyectos pueden conectarse a la red.
El Gobierno argumenta que disponer de una generación renovable abundante permite seleccionar proyectos eficientes y evitar que el incremento de demanda traslade costes a los consumidores.
SpainDC responde que exigir condiciones demasiado estrictas podría derivar en que esa capacidad se construya en otros países europeos.
La discusión continuará, ya fuera del periodo formal de alegaciones. Aunque el proceso de consulta pública está cerrado, el proyecto publicado el 27 de agosto sigue siendo un proyecto de Real Decreto, no una norma definitiva.
El texto puede modificarse antes de que sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Esa diferencia es especialmente relevante en un debate donde ya se manejan miles de megavatios y decenas de miles de millones de euros: las exigencias energéticas son propuestas regulatorias, mientras que las inversiones en riesgo son estimaciones del sector. Ninguna de las dos debe considerarse todavía como una certeza consumada.